Los estados vs Trump

Modesto Extra

La victoria de Trump en las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre ha generado muchos sentimientos encontrados. Entre otros: duelo, dolor, negación, frustración, pero sobre todo temor y miedo entre la población migrante mexicana documentada o indocumentada.

El mayor impacto mayor ha sido para las personas que apoyaron y votaron por la candidata demócrata Hillary Clinton. Las encuestas -todas a su favor- que le daban el triunfo total hacen el trance más doloroso y para ellos, la campaña “Clinton” solo quedará en “un caso más para estudiar en la vida política del país.”

Sin embargo, la victoria del millonario Trump ha creado otra reacción, aun no muy conocida en los medios y la sociedad estadounidense. Esta reacción, ya se ha manifestado y tiene un mayor peso, así, como un significado político más grande que la misma victoria del multimillonario.

Esta reacción se dio precisamente un día después en el estado de California cuando el presidente del senado estatal Kevin de León y su homólogo Anthony Rendón presidente de la Asamblea Estatal, quienes en forma conjunta y por medio de un comunicado de prensa que inicia con la frase: “El día de hoy despertamos con el sentimiento de ser unos extraños en tierra extranjera.” Con esta frase ellos manifiestan la desorientación que millones de ciudadanos americanos están experimentando.

El contenido del comunicado es una declaración de guerra en contra del fanatismo y la misoginia que Trump ha venido pregonando durante toda su campaña y ahora en sus eventos políticos festejando su “triunfo.” Prácticamente toda la basura racista del ahora presidente electo va en contra de los valores del estado de California sobre todo en la inclusión social, tolerancia y respeto a los derechos humanos básicos.

De León y Rendón se comprometieron a encabezar la “resistencia” a cualquier intento por parte de la administración Trump de querer acabar esos valores. Valores que son los cimientos de la plural sociedad californiana. Así mismo, comentaron que de ninguna manera permitirán la violación de la constitución del estado por parte del gobierno federal.

Ahora bien, los estados tienen todavía una mejor arma y ésta ha venido siendo utilizada principalmente por los gobernadores de extracción republicana en cuanto la han venido usando por los últimos ocho años, prácticamente oponiéndose a todas las iniciativas que han provenido del presidente Obama. De hecho, los republicamos son muy susceptibles al gobierno federal y sus decisiones solo cuando ellos no están en la Casa Blanca.

Esta “arma” se le denomina “Los Derechos de los Estados” y en términos prácticos no es más que “el estado tiene el derecho a nulificar leyes que provengan del gobierno federal”. Leyes anticonstitucionales, que no por venir del gobierno federal, quiere decir que son apegadas a la constitución. Es importante señalar que en caso de prevalecer sobre el gobierno federal la nulificación de la ley solo es efectiva dentro de los límites de ese estado.

Así que si Trump piensa gobernar como un pequeño emperador se encontrará con la ley en su camino.

 

 

La historia real de la ciudadanía

New America Media/ Eric Cohen

 Recientemente, muchos medios de prensa han informado de un aumento récord en el número de solicitudes de ciudadanía este año, atribuyendo este aumento a la retórica de campaña negativa en torno a la inmigración. Mientras que esta narración crea una historia atractiva, no cuenta toda la verdad: Los residentes permanentes legales (LPR por sus siglas en inglés) son lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de la importancia de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos, sin tener que ser guiados por el miedo para hacerlo.

Aquellos que eligen vivir permanentemente en los Estados Unidos no tienen que ser convencidos de las enormes oportunidades que este país presenta. Y esas oportunidades son mayores para los que se convierten en ciudadanos. Nuestra propia investigación muestra que una gran mayoría de los LPR quieren convertirse en ciudadanos, pero simplemente no saben cómo hacerlo. Una mayoría de los encuestados recientemente por la firma Bendixen & Amandi dijeron que nunca han recibido información sobre el proceso.

Lo que, es más, de acuerdo al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), los números de solicitudes de naturalización en realidad no son tan diferentes de los ciclos anteriores de elecciones presidenciales. De hecho, el Centro de Política Bipartidista informa que el llamado aumento de ciudadanía de este año probablemente no será tan histórico como los picos observados en ciclos electorales anteriores.

Hay casi 9 millones de residentes permanentes legales elegibles para convertirse en ciudadanos de Estados Unidos hoy. En promedio, menos del 10 por ciento se naturalizan cada año. Los que trabajan en los servicios de naturalización saben que este trabajo es un maratón, no un sprint. Sabemos que la naturalización sube y baja en respuesta a momentos particulares, ya sea una elección presidencial, medidas legislativas o cambios en el proceso de ciudadanía. Pero estas son respuestas a corto plazo. Los residentes permanentes legales se motivan mucho más por la información sobre cómo llegar a ser un ciudadano y con una comprensión del valor de la ciudadanía misma.

Ahí es donde ayuda la Campaña Nuevos Americanos (New Americans Campaign). Nuestras redes de proveedores de servicios legales les muestran a los residentes permanentes legales que el proceso de naturalización no es tan caro o tan difícil como piensan. Sin embargo, la Campaña Nuevos Americanos no puede hacerlo solo. Nuestro gobierno tiene que alentar a aquellos que son elegibles para convertirse en ciudadanos a dar el siguiente paso crítico.

¿Cómo puede nuestro gobierno hacer esto? Puede incentivar la ciudadanía más que la renovación de la tarjeta verde, mantener el costo de la naturalización asequible y al alcance de todos y garantizar que los residentes permanentes legales estén equipados con la información y los recursos para darles la posibilidad de obtener la ciudadanía. Es una oportunidad perdida no tener estos residentes dedicados y comprometidos como participantes plenos en la vida cívica en nuestro país.
La ciudadanía es de mucho más que el estatus migratorio o de los derechos de voto individual. Significa la plena participación en nuestra comunidad y economía, lo que nos beneficia a todos.
La ciudadanía por sí sola puede aumentar los ingresos individuales en un 8 a 11 por ciento, lo que beneficia a las familias, las comunidades y la nación en su conjunto. Dependiendo de la agresividad con la que promovamos la naturalización, nuestra economía nacional se sitúa a un crecimiento de $21 mil millones a $45 mil millones en 10 años.

La Campaña Nuevos Americanos va a celebrar su quinto año el próximo mes. Y mientras celebraremos los más de 200.000 nuevos americanos que hemos ayudado a ser ciudadanos de Estados Unidos y las asociaciones innovadoras que hemos forjado para lograr el éxito, también miramos hacia adelante al trabajo aún por hacer. Sabemos que los inmigrantes están hambrientos de información sobre la ciudadanía. Ahora es el momento de ser proactivo y compartirlo.

No hay que reconocer a aquellos que desprecian a los inmigrantes. Los beneficios de la ciudadanía son claros y el deseo es alto – ahora vamos a ayudar a nuestros residentes permanentes legales lograrlo.

Eric Cohen es el director ejecutivo del Immigrant Legal Resource Center en San Francisco, que dirige la New Americans Campaign (www.newamericanscampaign.org), una red que promueve la integración de los inmigrantes a través de la ciudadanía.
Este artículo se publicó originalment en Fox News Latino.

 

Una victoria para los votantes

New America Media/La Opinión

Los votantes de Texas obtuvieron una importante victoria. Más de 600,000 electores que corrían el peligro de ser excluidos en la elección presidencial de noviembre ahora podrán ir a las urnas gracias a los cambios en la ley electoral estatal, ordenados por el Tribunal Federal de Apelaciones del Quinto Circuito. Texas es un estado de mayoría republicana bajo una significativa transformación demográfica que a la larga amenaza el control de los conservadores. Con esto en mente, y bajo la excusa de querer combatir el fraude electoral, en 2011 se aprobó una ley que exigía siete documentos específicos para poder votar, dando una preferencia a los potenciales votantes republicanos por sobre los demócratas.

Por ejemplo, se aceptaban las credenciales militares y las de las licencias para cazar y no las de los empleados públicos y estudiantiles. El argumento de Texas de que la ley era un remedio necesario para combatir el serio problema del fraude electoral cometido por individuos no autorizados para votar, nunca se sostuvo en los hechos. El estudio de News21, un proyecto periodístico de la Universidad Estatal de Arizona, realizado sobre los archivos de Texas y otros estados, muestra que entre 2000 y 2011 se denunciaron solamente 104 casos de fraude.

El contraste es que en solo dos años (2013-2014), el Comité de Ética de la legislatura texana recibió 530 quejas ligadas a las finanzas de campaña y cabildeo de funcionarios electos y de gente que trata de ejercer influencia con dinero. Por eso, es absurda la reacción del gobernador de Texas, Gregg Abbott, asegurando que para evitar la corrupción política se hacen leyes electorales restrictivas, cuando se hace la vista gorda respecto a donde realmente se produce la corrupción del proceso político.

El caso de Texas no es único. Más de 30 estados de mayoría republicana impusieron leyes electorales restrictivas. En nueve de ellos, incluidos Texas y Wisconsin, estaban las peores hasta esta semana. Hace unos días un juez federal dijo que en Wisconsin se debe permitir votar a quienes tengan un documento sin foto. La decisión sobre Texas obliga a que se hagan cambios en la ley para no excluir electores y exige una revisión para determinar si la ley tenía el fin determinado de excluir a latinos y afroamericanos, lo que puede traer consecuencias muy serias para el estado.

Mientras tanto celebramos el nuevo dictamen judicial como un triunfo de la democracia participativa.